La convención que durante un año trabajó redactando una nueva Constitución para Chile entregó su propuesta final de texto, un documento que será sometido a referéndum el venidero 4 de septiembre.
«Hoy se cierra este histórico ciclo de trabajo democrático”, dijo la presidenta del órgano constituyente María Elisa Quinteros. «Esta propuesta constitucional está llamada a convertirse en la base del país más justo con el que todas y todos soñamos”, aseguró.
En el antiguo edificio del Congreso Nacional en Santiago, los 154 convencionales e invitados especiales asistieron a la presentación oficial de la propuesta, que incluye 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias.
El presidente Gabriel Boric, recibió la propuesta durante la jornada anterior.
Se inicia una etapa de dos meses hasta el referendo del 4 de septiembre, día en el cual en una votación obligatoria y de resultado vinculante, los chilenos deberán decidir entre aprobar o no el texto. De acuerdo con varios sondeos, la opción del Rechazo está por arriba –un 44,4% contra un 25%, de acuerdo a la última encuesta de Pulso Ciudadano–, aunque tres de cada diez chilenos están indecisos.
La actual Constitución chilena es heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
La redacción de la actual propuesta ha sido resultado de un proceso más inclusivo, fruto de un acuerdo de todas las fuerzas políticas para revertir la crisis de legitimidad de las instituciones después de las protestas de 2019. La exigencia de una nueva Constitución, estaba sobre la mesa de toda negociación en la política chilena.
El 25 de octubre de 2020, luego de un aplazamiento por la pandemia de la Covid 19, se celebró un plebiscito para definir si los chilenos querían o no una nueva Constitución, donde participó la mitad de los electores. El resultado fue: un 78% apoyó la idea de un nuevo texto, con un electorado diverso que incluyó a la centroizquierda y a algunos sectores de la derecha. En paralelo se decidió el órgano encargado de redactar la propuesta. Un 79% de los chilenos defendió que fuese una convención constitucional de 155 miembros elegida para esa labor y no una que estuviera integrada por parte del Congreso.
A mediados de mayo de 2021, la ciudadanía volvió otra vez a las urnas para elegir a los 155 convencionales.
La convención quedó conformada mayoritariamente por integrantes de izquierda y de grupos defensores de determinadas causas, como la ecologista. La derecha eligió solo a 37 integrantes, sin siquiera alcanzar el tercio de la convención.
Las principales características del texto
El texto definitivo que se presenta este lunes tiene 388 artículos y 57 normas transitorias.
Esencialmente propone un “Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que en el país no hemos conocido nunca; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una naturaleza de la que formamos parte; descentralización del país”, ha explicado el constituyente Agustín Squella, de izquierda, que votará por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
En la propuesta se establece una nueva relación de los pueblos originarios con el Estado chileno con la declaración de un Estado plurinacional, lo que representa un cambio sustancial.
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El texto declara a Chile como un Estado social de derecho
Si los cerca de 15 millones de chilenos llamados a votar en el plebiscito del 4 de septiembre deciden aprobar la nueva Constitución, será la primera Carta fundamental del mundo redactada de forma paritaria (77 mujeres y 77 hombres).
En los 372 artículos se reconocen nuevos derechos fundamentales en materia de género. El derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones —incluida en el espacio digital—, a recibir una educación sexual integral o al cuidado son algunos de ellos.
Uno de los textos más polémicos es el que abarca los derechos sexuales y reproductivos, en el que se garantiza el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, la reproducción y la anticoncepción.
La propuesta constitucional estructurada sobre la base del reconocimiento de la diversidad de género está marcada por la paridad. Todos los órganos colegiados estatales, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el 50% de sus integrantes sean mujeres.