La crisis carcelaria de Ecuador sumó este domingo un nuevo episodio en el que fueron asesinados veinte presos, durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en riñas entre bandas rivales.
Esta revuelta, es la primera de esas magnitudes de este 2022 en las cárceles de Ecuador.
Según EFE, entre las veinte víctimas mortales reportadas por el Gobierno había al menos cinco cuerpos mutilados, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien reconoció que en el enfrentamiento los presos usaron «material de guerra» como fusiles, además de otras armas de fuego y elementos cortopunzantes que estaban en su poder.
Los enfrentamientos, se produjeron porque «hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han revelado contra ellos», expresó el funcionario.
Según el informe del servicio de penitenciaria, no se registraron fugados, mientras que 90 presos fueron evacuados, entre ellos los diez heridos, que fueron atendidos por el Ministerio de Salud.
La violencia de los enfrentamientos pudo apreciarse durante la noche desde los exteriores del centro penitenciario, donde hubo detonaciones y disparos captados por grabaciones difundidas en redes sociales.
Para retomar el control se desplegó un contingente de 800 policías y 200 militares, y por primera vez la Policía accedió al pabellón de alta seguridad de esta cárcel donde comenzaron los enfrentamientos.
No es la primera vez que se produce una masacre similar en esta cárcel, pues el 23 de febrero de 2021 ya fueron asesinados 33 reclusos, la mayoría decapitados y desmembrados, como parte de un ataque simultáneo coordinado por bandas criminales en distintas cárceles que, en total, dejó 78 muertos en todo el país.
Muchos de estos hechos se encuentran además asociados a los carteles de la droga de Colombia y México.
Al 29 de noviembre de 2021 había 36.599 personas privadas de libertad en 36 centros, con un crecimiento del 469 % durante los últimos 20 años, y el 40 % de ellos se encontraba en régimen de prisión provisional, a la espera de sentencia, según un reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el Gobierno de Lasso lanzó en febrero una política pública del país con enfoque en derechos humanos para los reclusos, a la que destinó 26 millones de dólares, mientras que espera indultar a unos 5.000 encarcelados por delitos menores y contratar 1.400 nuevos guardias de prisiones.
