En 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacres” a las operaciones militares y policiales ordenadas por Áñez, que condujeron a la muerte y desaparición de civiles.
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Actualmente, Áñez se encuentra en prisión preventiva, acusada por terrorismo, sedición y conspiración, además de otros delitos vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron una treintena de civiles a manos de las fuerzas de seguridad.
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El ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, pidió una pena de 30 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, quien se encuentra actualmente bajo prisión preventiva (cuatro meses) por presunta sedición, conspiración y terrorismo