Bolivia, México y Argentina expresaron sus dudas sobre el papel del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro por la auditoría que realizó durante las elecciones bolivianas de 2019.
Durante la realización del consejo permanente el embajador de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta, expresó: “Nos preguntamos insistentemente si podamos dar vuelta la hoja (…) La respuesta es que no podemos dejar pendiente un tema de semejante actitud (…) hemos solicitado, señora presidenta y señor Almagro, la información referente a ese proceso electoral (…) Pero no nos han dado respuesta a controvertido accionar de la secretaria general de la OEA (…) estamos hablando de la primera vez que en 75 años de la OEA un hecho concreto realizado por la secretaría ha ocasionado en 12 horas un quiebre institucional en una democracia”
Almagro reaccionó airadamente a lo que Arce Zaconeta respondió que “siente la molestia y su enojo” al tiempo que afirmó que “lo hemos escuchado repetir ese mismo discurso. Una serie de falacias y mentiras que se ha dicho en un informe preliminar que se publicó a las 4 de la mañana, un informe ilegal que no estaba contenido y que ha generado que a las 4 de la tarde de ese mismo día, un presidente constitucional se vea obligado a renunciar (…) con la consecuencia que cientos de personas que fueron heridas y asesinadas. La respuesta no es repetir lo que escribieron en esos informes, la respuesta es que si usted, Almagro, no teme, no esconde nada, hagamos una comisión de países”.
Por su parte, los representantes de Argentina y México apoyaron la postura boliviana. “Nosotros necesitamos que se le respondan las preguntas de Bolivia. Si hay que formar una comisión de países, hagámosla. Es tan evidente la relación que hay entre las acusaciones de fraude electoral y el clima que empoderó a sectores golpistas”, manifestó el representante argentino Carlos Raimundi.
Recuerda Sputnik que en octubre de 2019, luego de las elecciones en las cuales Evo Morales resultó ganador, la OEA denunció supuestas irregularidades en los comicios, y ello derivó en que las Fuerzas Armadas pidieran, casi a la fuerza, al expresidente que saliera del poder. Como parte del golpe de estado, se instaló la presidencia de facto de Jeanine Áñez.
En 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacres” a las operaciones militares y policiales ordenadas por Áñez, que condujeron a la muerte y desaparición de civiles.
