La Cámara de los Diputados aprobó, en dos votaciones y por mayoría cualificada, una enmienda a la Constitución que permite al gobierno del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro repartir unos 41.250 millones de reales -7.650 millones de dólares- en subsidios.
Para lograr la aprobación se incluyó una declaración de «estado de emergencia» hasta final de año, muy debatida por la oposición y algunos juristas, bajo el argumento del alza «extraordinaria e imprevisible» del precio de los combustibles.
Precisa EFE que se trata de una maniobra de las fuerzas parlamentarias que apoyan a Bolsonaro para no incumplir la legislación electoral, la cual impide promover este tipo de medidas seis meses antes de los comicios, que este año se desarrollarán el 2 de octubre.
Entre lo aprobado se estipula elevar un 50 % el auxilio mensual que ya reciben las familias más pobres del país, hasta los 600 reales (110 dólares), crear una ayuda para financiar las bombonas de gas y la posibilidad de reducir los impuestos sobre hidrocarburos. Desde los últimos meses Bolsonaro tiene una popularidad disminuida en los sondeos con vistas a las presidenciales, con una desventaja de entre 15 y 20 puntos sobre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luis Inácio Lula da Silva, que gobernó en el gigante sudamericano entre 2003 y 2010 y aspira a regresar a la jefatura del gobierno.
Las repercusiones
El PT pidió a los brasileños que «no se dejen engañar» porque los beneficios sólo serán realidad hasta el 31 de diciembre de 2022. Reginaldo Lopes, diputado de esa formación política, afirmó que el texto es un «cheque en blanco» a Bolsonaro, mientras que para Tiago Mitraud, del partido Novo (centroderecha), es «un cañón económico» para «conquistar votos».
Giovani Cherini, del Partido Liberal (derecha), con el que Bolsonaro aspirará a la reelección, prometió que en diciembre elaborarán «otro programa social», si vencen en las presidenciales y el país sigue «en emergencia».
