El presidente peruano Pedro Castillo aseguró que la denuncia constitucional en su contra presentada ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es parte de una conjura para destituirlo.
«Quiero hacer de conocimiento a la comunidad internacional que hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado», dijo Castillo.
Según el mandatario, se trata de una «persecución» que incluye no solo a integrantes del Gobierno más débil de la historia política reciente de ese país sino a su «entorno más cercano».
Añadió que «se está haciendo una acusación constitucional sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al Gobierno para conducir al país».
Según El Periódico, Benavides presentó ante el Parlamento una acusación que no tiene precedentes. Acusan al maestro rural que asumió el poder en julio de 2021 de supuestamente encabezar una organización criminal.
«Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas», dijo Benavides.
El Congreso de esa nación latinoamericana ha intentado en dos oportunidades destituir al mandatario. En ese ente, los partidos conservadores tienen mayoría, y ahora debe evaluar la pertinencia de la denuncia. Castillo ha renunciado a Perú Libre, la formación de izquierdas que lo llevó al poder. La legislatura, por tanto, es para él un escenario adverso.
En declaraciones al programa radiofónico RPP, el abogado constitucionalista, Luciano López, señaló uno de los posibles escenarios es que la fiscal invoque a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. «Al presidente se le está investigando por delitos contemplados en el tratado, que están en nuestra legislación, en nuestro Código Penal, claro, pero están articulados en lo que dice el tratado».
Por su parte, José Palomino, abogado del presidente, sostuvo que la denuncia de Benavides es un «refrito» que busca crear «artificialmente» una figura delictiva.
«Todo eso se tiene que probar», dijo y pidió que se respete el derecho a la defensa por parte de Castillo.
