El Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Pinar del Río decidió aplicar nuevas medidas a partir del día 20 de abril para frenar la COVID-19 en la capital provincial y en los municipios que se estime necesario, según la progresión y trasmisión de la epidemia.
La morbilidad del virus incrementó la presencia de casos en centros de trabajo y eso obliga a restricciones que se aplicarán de inmediato, para lo que se establecerá un censo y determinar quiénes y dónde estarán autorizados para circular en beneficio de la producción, los servicios y la economía de manera general.
Eso implica que las administraciones deben hacer mayor uso del teletrabajo en todos los puestos que sea posible y hallar otras soluciones que limiten el movimiento innecesario por las calles.
Para el caso de los hogares, las organizaciones de masas ayudarán a determinar quiénes son los ciudadanos que en cada casa deben asumir la tarea de comprar en bodega, farmacias, placitas y cualquier otro establecimiento, en aras de asegurar que ni niños, adultos mayores, enfermos, minusválidos o personas de riesgo permanezcan fuera de las viviendas.
Quizás estas sean las medidas que las personas están esperando, aunque es difícil lograr consenso y unanimidad en la pluralidad de opiniones porque lo que es bueno para unos, es malo para otros. Es raro encontrar la coincidencia, pero una quincena podría solucionar el atasco sanitario en que hemos caído.
Según la última sesión del CDP, los eventos de transmisión al interior de las instituciones son las formas de contagio por COVID-19 más recurrentes en Pinar del Río y ello explica las medidas informadas. Estas disposiciones recientes se suman a las que se cumplen desde el inicio de la pandemia: nada se elimina, pero además se exige a la población responsabilidad e intensificación del cumplimiento de las conocidas medidas sanitarias de uso personal.
Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa Provincial, orientó reforzar el control en los puntos fronterizos entre los municipios y recalcó la necesidad de mejorar la higienización y la alimentación en los centros de aislamiento.
Una muestra del nivel de irresponsabilidad se detectó el día siete de abril, cuando la inspección sanitaria visitó 313 centros y aplicó 83 multas, de las cuales 75 se correspondieron con el Decreto 31. La pesquisa a personas detectó en esa propia jornada 385 casos sospechosos, 18 de los cuales dieron positivos al test rápido.
La población debe comprender que, junto a los sospechosos por contactos, se mueve un número de asintomáticos, aunque ahora hay menos, quienes son de potencial peligro para los demás, al igual que los que se descubren sin saber la fuente de infección.
En algunos casos se ha avanzado, como por ejemplo en la disminución casi a cero de visitantes extranjeros, pero por otro lado se afianzó la cantidad de adultos mayores, muchos de ellos que tributan a terapias por sus comorbilidades.
Otro potencial peligro es la cantidad de casos contagiados en edades pediátricas, incluso pequeños menores de un año, algunos que también han ido a terapia.
Los dos casos de las edades extremas están dados por la falta de observación de la familia, porque ninguno debió estar expuesto y es una muestra de falta de responsabilidad o de excesiva confianza.
Las autoridades sanitarias y políticas trabajan de acuerdo con los protocolos y son las administraciones y la población quienes deben responder a sus indicaciones.
Los administradores y directivos son responsables de su personal, como igualmente los jefes de núcleos familiares, y ambos deben ocuparse del cumplimiento de las medidas, y si ellas fallan, entonces los organismos reguladores y de control deben actuar en consecuencia con la gravedad de la falta.
El momento es de colaboración y en su conjunto la población pinareña desde el lugar que le corresponde debe ayudar a alcanzar mejores niveles de salud, proteger e incentivar la producción de alimentos, desarrollar la economía y mantener la seguridad ciudadana como siempre ha sido en momentos de contingencia.
