Desde el 28 de abril, Colombia vive jornadas de gran tensión. Al día de hoy continúan las protestas en varias ciudades del país, pues la ley tributaria, que pretendía aumentar considerablemente el pago de impuestos para las clases media y baja, fue solo la punta del iceberg del descontento social.
Aunque el controversial proyecto ya fue retirado, el paro nacional continúa exigiendo otros cambios y se manifiesta en contra de un problema latente en las calles colombianas, que se ha acentuado durante los días de protestas: la violencia y la represión policial.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 19 personas han muerto en estos días y más de 700 han resultado heridas. Se reportan, además, 18 casos de lesiones oculares graves; 42 agresiones y abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos y periodistas; diez casos de agresiones sexuales contra mujeres; y 503 detenciones, en su mayoría arbitrarias. Uno de los hechos más abrumadores, fue el ocurrido en Cali, cuando el viernes 30 de abril, al menos diez personas recibieron disparos de la policía, de acuerdo con la revista colombiana Semana.
Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el «uso excesivo de la fuerza» contra las manifestaciones. «Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró desde Ginebra, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Denunció también que la Policía Nacional agredió a un grupo de funcionarios de ese organismo en Colombia, mientras verificaban el número exacto de víctimas e investigaban las circunstancias de los terribles incidentes en Cali, pero nadie resultó herido, según detalla el diario colombiano El Tiempo.
Asimismo, la Unión Europea (UE) condenó la violencia y el uso «desproporcionado» de la fuerza contra las protestas, y consideró imperioso contener la escalada de la situación, así lo manifestó el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, quien transmitió la confianza del bloque europeo en las instituciones colombianas para «investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos».
Por su parte, Estados Unidos instó a las fuerzas del Orden de Colombia a tener «máxima moderación» para evitar más muertes, declaró en rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, citada por la agencia AFP.
La Oficina de Washington para América Latina, wola, organización no gubernamental de ese país, también condenó el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y otras unidades policiales, así como las declaraciones hostiles de altos funcionarios y políticos influyentes, incluida la del expresidente Álvaro Uribe que constantemente llama a la violencia.
El movimiento social de esa nación sudamericana, Congreso del Pueblo, anunció en su cuenta en Twitter que más de 130 organizaciones políticas y movimientos sociales de Nuestra América llamaron a «la más enérgica solidaridad con el pueblo colombiano, que resiste y enfrenta con heroísmo la brutal represión policial».
¿POR QUÉ CONTINÚAN LAS PROTESTAS?
Ya se cumplieron las dos principales demandas por las que los colombianos se lanzaron a las calles: quedó derogada la reforma tributaria y renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sin embargo, los protestantes aseguran que «el paro sigue» para lograr una sociedad más justa.
El Comité Nacional de Paro plantea, entre sus exigencias, una economía más igualitaria, que exista un cambio en el modelo económico desigual y excluyente de esa nación, así como que se impulsen medidas que luchen contra la desigualdad, la pobreza y el clientelismo.
Los manifestantes también claman por la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, encargado de reprimir las protestas.
Esperan, además, que se implemente de mejor forma el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
La población ganó al salir masivamente a demostrar su inconformidad, sin embargo, son muchos los problemas acentuados por un modelo neoliberal en el cual 7,6 millones de personas viven en pobreza extrema, de acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, lo que se ha agravado por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Todo ello acontece en un año preelectoral, en el que todas las formaciones políticas empiezan a pensar y actuar de cara a sus electores, o de sus propios intereses.
